Ayer, se inauguró la nueva edición del Diploma de Especialización en Compliance, un programa de Loyola Másteres, la Escuela de Postgrado de la Universidad Loyola, para dar respuesta a la creciente demanda de profesionales formados en prevención y cumplimiento normativo.
Presidida por Rafael Aguilera, director del Diploma, y María Bertrán, coordinadora académica general del Área Jurídica de Loyola Másteres, el acto ha contado con la conferencia inaugural del magistrado del Tribunal Supremo y ex fiscal del Estado, Julián Sánchez Melgar, para analizar los puntos más relevantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica, la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, así como los efectos de los sistemas de Compliance.
Esta conferencia, organizada para los nuevos estudiantes del Diploma, así como para el resto de los alumnos del área jurídica de la Universidad, responde al hecho de que la prevención de la responsabilidad penal empresarial, el Compliance y las investigaciones internas corporativas vengan situándose, durante los últimos años, en las primeras posiciones de los rankings de temas más importantes del sector jurídico. “El impacto económico y daño reputacional que puede padecer una organización o empresa si es imputada en un proceso penal a causa de un delito protagonizado por algún directivo, mando intermedio o trabajador es enorme”, aclaró el magistrado.
Julián Sánchez Melgar, durante su intervención en la inauguración del Diploma de Especialización en Compliance
“En 1869, la Constitución reconocía expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero ninguno de los Códigos posteriores, hasta 2010, han declarado expresamente esta responsabilidad penal”. A partir de esta fecha, con la entrada en virgo de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cualquier sociedad mercantil, empresa, comercio o negocio, puede incurrir en responsabilidad penal, y no solamente en la histórica responsabilidad civil.
Hemos de tomar en consideración que si las personas jurídicas son capaces de actuar en cualquier tipo de derecho –civil, administrativo, fiscal, mercantil, laboral, etc.– y correlativamente pueden conculcar o infringir sus normas, no había razón para no llevar a cabo esta inclusión en materia penal”, explicó el magistrado.
La reforma legal prevé la creación de un compliance officer, que se encargará de supervisar el funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención implantado por el órgano de decisión de la compañía, confiriendo al creador poderes autónomos de iniciativa y de control.
Loyola Másteres da respuesta a las necesidades del ámbito jurídico con su Diploma de Especialización en Compliance
El perjuicio corporativo aumenta exponencialmente si la organización resulta penalmente condenada. En ese contexto, la adopción de sistemas de compliance o de prevención de delitos eficaces y los expertos en compliance (compliance officers, especialistas en Forensics, analistas de riesgos penales, etc.) encargados de su aplicación y monitorización resultan esenciales para evitar una eventual condena.
Por ello, la especialización en compliance se convierte en uno de los campos con mayores posibilidades de crecimiento en el ámbito empresarial para los graduados en Derecho y Criminología.
El Diploma de Especialización en Compliance de Loyola Másteres comienza su nueva edición con 10 alumnos, quienes finalizarán el programa con una sólida y acreditada formación en Compliance, para que puedan ejercer la práctica profesional con absoluta solvencia y rigor.
