La Universidad Loyola y el Despacho Cuatrecasas han organizado conjuntamente una mesa redonda, con expertos de primer nivel, para analizar la reforma laboral 2022, que entró en vigor el pasado mes de diciembre.
El encuentro, que fue inaugurado por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Loyola, Miguel Romero, y presentado por José Moya, socio de Cuatrecasas en Sevilla, ha contado con la participación de la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral de la Junta de Andalucía, Beatriz Barranco; y el consejero de Cuatrecasas y profesor del Doble Máster Universitario en Abogacía y Asesoría y Consultoría Laboral de Loyola Másteres, escuela de posgrado de la Universidad Loyola, Juan Casal.
“Junto que ha sido por consenso y mediante el diálogo colectivo, lo más importante de la reforma laboral es lo que mantiene, porque no ha modificado medidas que generaban gran preocupación entre los empresarios”, ha explicado Juan Casal durante su intervención.
En el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, el Gobierno ha mantenido la calificación del despido, porque finalmente no se ha aprobado la nulidad de la extinción de contratos temporales ilegales. También, la indemnización en caso de improcedencia, los salarios de tramitación solo si se opta por la readmisión y en caso de nulidad, así como los interlocutores para la adopción de medidas colectivas, quedando sin aprobación la comisión sindical en ausencia de Representación Legal de los Trabajadores.
Juan Casal ha abordado las novedades y principales claves de la nueva reforma laboral 2022. Entre ellas ha destacado la relacionada con los nuevos contratos de formación, de interés para los nuevos graduados y posgraduados, quienes tienen que incorporarse al mercado laboral tras su formación universitaria. En los contratos de alternancia, se ha modificado la duración mínima, pasando de un año a tres meses, así como la máxima, de tres a dos años, no permitiéndose período de prueba. En cuanto a los contratos de práctica profesional, se podrán celebrar durante máximo de tres años o cinco, en el caso de los alumnos con discapacidad, con un período de prueba no superior a un mes, y con una duración contractual que oscila entre los 6 meses y un año.
Los trabajadores andaluces afectados por despido, suspensión y reducción de jornada incrementaron un 9.207% de 2019 a 2020
Beatriz Barranco, directora general de Trabajo y Bienestar Laboral de la Junta de Andalucía, ha estado presente en la mesa redonda para ahondar en las novedades con respecto a la regulación de los ERTES. Para ello, la directora general ha analizado las cifras que dejó la pandemia con respecto a las empresas, procedimientos y trabajadores que se vieron afectados por despido, suspensión y reducción de jornada.
De las 215 empresas andaluzas que se vieron afectadas por alguno de estas tres casuísticas en 2019, pasaron a 87.021 en 2020, lo que supuso un incremento del 4.0374%. La cifra fue aún mayor en cuanto al número de trabajadores andaluces afectados por despido, suspensión y reducción de jornada, que subió de 5.289 en 2019 a 492.273 en 2020.
En este sentido, la reforma laboral 2022 ha incorporado las lecciones aprendidas durante la pandemia en materia de beneficios en la cotización a la Seguridad Social, añadiendo, en la Ley General de la Seguridad Social, la posibilidad de que las empresas disfruten de exenciones en la cotización a la Seguridad Social en caso de que tengan que recurrir a mecanismos de ERTE.
