Investigadoras de los departamentos de Psicología y Derecho de la Universidad Loyola participan en un proyecto financiado por la Comisión Europea con el objetivo principal de mejorar la seguridad vial en la Unión Europea reduciendo la reincidencia entre las personas condenadas por delitos de tráfico como conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad, conducir sin permiso o sin vehículo registrado.
El consorcio del proyecto está coordinado por la sociedad European Strategies Consulting, de Rumanía, la Dirección General de Reintegración y Servicio de prisiones de Portugal, la ONG Aproximar y la compañía Innovative Prison Systems, ambos también de Portugal, el Servicio de Probation de Ankara, de Turquía y, finalmente, la Universidad Loyola, único socio español.
El proyecto denominado Bringing Safety on the Roads (BriSaR) cuenta con la financiación de la Unión Europea a través del programa Erasmus + Convocatoria: KA204: ‘Asociaciones estratégicas para la Educación de Adultos’ y el apoyo del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). Concretamente, la ejecución del proyecto contempla una serie de acciones donde hay constantes sinergias entre organizaciones que trabajan en este ámbito de España, Rumaía, Portugal y Turquía.
¿Qué ha funcionado hasta el momento?
Una de las fases del proyecto es realizar una revisión de la literatura existente de artículos, informes y documentos publicados hasta el momento donde se analizará qué se ha trabajado hasta el momento y qué programas se han desarrollado con personas que han cometido delitos de seguridad vial. En definitiva se trata de conocer qué ha funcionado hasta el momento para evitar la reincidencia. Para ello, las instituciones que trabajan en el proyecto se han centrado en analizar programas de tratamiento para infractores peligrosos, artículos académicos sobre análisis y buenas prácticas y documentos que evalúan programas dirigidos tanto a mayores como a menores de edad.
Por otro lado, según informaciones previas relativas a acciones que se han desarrollado en distintas partes del mundo afirman que la combinación de distintos métodos de intervención incluyendo las terapias cognitivas conductuales son acciones más efectivas para evitar la reincidencia ya que muchos de los infractores más peligrosos sufren de trastornos mentales, y por ello son más vulnerables a la reincidencia. Las intervenciones en grupos de interacción de 10 a 12 infractores o el seguimiento posterior apunta también a una mayor eficiencia de los programas para evitar la reincidencia. También se ha comprobado que existe una considerable heterogeneidad entre las intervenciones examinadas, por lo que la combinación de distintas estrategias procedentes de diferentes ámbitos como la criminología, la ciencia del comportamiento o la psicología social puede ser la clave del éxito de los programas implementados.
Este tipo de delitos está aumentando considerablemente en muchos países europeos y existen pocos conocimientos sobre la forma de trabajar con las personas que cometen este tipo de delitos. Sólo en Rumania, los delitos contra la seguridad vial registrados aumentaron de 21.324 infracciones en 2014 a 27.551 infracciones en 2017. El número de personas fallecidas en accidentes de tráfico también ha aumentado, de 1819 en 2014 a 1951 en 2017. A nivel europeo e internacional, las tendencias son también preocupantes, ya que cada año se producen 30.000 accidentes de tráfico en la Unión Europea y muchos de estos accidentes son producidos por personas sin permiso de conducir o bajo la influencia de las drogas o el alcohol.
Las Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030, fijaron a través del ODS 3 la reducción a la mitad del número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico en todo el mundo. Cada vez se detiene a más delincuentes mientras conducen sin permiso de conducir o bajo la influencia del alcohol. En la mayoría de los países de la Unión Europea son condenados a sanciones comunitarias o incluso a prisión. Sin embargo, en la mayoría de los casos el castigo no es suficiente. Por lo que es necesario diseñar diferentes programas educativos y terapéuticos que ayuden a comprender las consecuencias de su delito y a desarrollar la manera de evitar este comportamiento en el futuro. Hasta donde sabemos, sólo hay unos pocos países que desarrollaron este tipo de programas (por ejemplo, Portugal, España). Sin embargo, no se ha evaluado aun su impacto y no se ha probado su transportabilidad en otros estados miembros.
La Universidad Loyola cuenta con una carta universitaria erasmus extendida, en la cual se desarrollan los tres tipos de acciones de Erasmus+: KA1, para la movilidad de personas por motivos de aprendizaje, KA2, para la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas y la KA3 para el apoyo a las reformas políticas. La Universidad Loyola coordina y forma parte de numerosos proyectos relacionados con las distintas acciones.
